Relación entre las competencias del administrador público, la eficiencia y efectividad de la función pública

Abordar la temática compleja de la Administración Pública y sus tendencias no es fácil si se tiene en cuenta que su esencia científica y jurídica no se aplica conforme a la normatividad, debido a la falta de ética y responsabilidad de los servidores públicos, pues no se requiere ser un experto en la materia para evidenciar todos los días en los medios de comunicación radial, televisivo y escritos la corrupción tan campante existente en la cosa pública de todo el contexto geográfico colombiano

Acercamiento teórico al delito político

Acercamiento teórico al delito político constituye un trabajo que propone dotar de contenido los términos delito político para ser tipificables como tal en la ley penal del Ecuador. El objetivo es consolidar elementos que construyan la definición de lo político y la definición del delito, para posteriormente elaborar una definición integral que refleje ambas áreas. La investigación desagrega los elementos que constituyen el delito político y profundiza el análisis en el marco teórico de la ciencia política para posteriormente encontrar su sentido jurídico y normativo

La investigación de los crímenes del poder en el Ecuador. La cosa juzgada fraudulenta, una herramienta contra la impunidad

La tesis analiza la investigación a los crímenes del poder en el Ecuador y en el impulso de una herramienta procesal llamada «cosa juzgada fraudulenta», con el fin de desentrañar patrones y sistemas de impunidad del poder. El trabajo indaga los fundamentos del poder en la democracia constitucional, se estudia el ideal de visibilizar y controlar al poder recogido en la ilustración hasta el actual constitucionalismo, el cual fracasa por la capacidad que tiene del poder de hacer, es decir, se identifica que el poder opaco incide y transforma la realidad social magnificando problemas irrelevantes y minimizando los verdaderamente importantes. En este estado, el constitucionalismo ecuatoriano y global enfrenta una crisis en la democracia actual, generando cuatro espacios desatendidos o de ilicitud constitucional, donde precisamente se desarrollan los crímenes del poder. Se analiza la dirección actual del poder punitivo del Estado en insistir en la persecución de los llamados delitos de subsistencia. La selección estructural del enemigo en el Ecuador, la inflación de conductas penales y el gran encarcelamiento de personas pobres en prisión demuestra la capacidad que tiene el poder en criminalizar conductas menores, y, por otro lado, deja una meditada impunidad de los grandes crímenes. De esta manera se esquematiza dos grandes clasificaciones del poder que se asienta en escenarios reales de Ecuador y España, donde se identifica la participación y profundas colusiones subterráneas de los poderes políticos, económicos y mediáticos en los crímenes. A la impunidad de los grandes crímenes hay que tratarlos con una memoria categórica del pasado, el presente y una perspectiva al futuro investigativo. Se evidencia que la garantía de la cosa juzgada que prohíbe juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho es deformada y utilizada por los actores de poder en su beneficio. Por ello se analiza la disfunción de la garantía frente a escenarios de impunidad del poder, los verdaderos fundamentos y su mutabilidad. Con esta posición teórica se recogen de la doctrina, la jurisprudencia nacional e internacional el real contenido de la cosa juzgada a nivel interno y externo, lo cual sirve para edificar la categoría de la cosa juzgada fraudulenta. El trabajo también identifica los resultados injustos de la cosa juzgada como es la condena a un inocente y la absolución a un culpable. Así como la insuficiencia del sistema de impugnaciones ecuatoriano y español frente a las llamadas absoluciones fraudulentas. Incluso la Corte IDH, y del TEDH, ha solicitado a los Estados en varias de sus sentencias; edificar un sistema de impugnaciones para revisar dichas decisiones. Lo cual genera una aparente tensión entre la decisión justa y la seguridad jurídica, pues el sistema ordinario de impugnación permite la revisión de una sentencia condenatoria injusta y no de una absolución fraudulenta. Entre varias salidas al problema esbozado, la investigación promueve desde el constitucionalismo rígido o garantista, la producción normativa de la causal de revisión que identifique la cosa juzgada fraudulenta en supuestos tasados En la parte final del trabajo se extrae un crimen del poder como son los crímenes contra la humanidad, y se demuestra su aplicación práctica la cosa juzgada fraudulenta. Para ello se toma como ejemplo el contexto ecuatoriano del régimen presidencial 1984-1988 donde se ejecutaron crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos de los siguientes gobiernos autoritarios, contabilizados en la investigación hasta el 2016. Con el análisis de casos se demuestra existe un sistema de impunidad generalizado de los encargados de la investigación como son jueces, fiscales y auxiliares de justicia, quienes carecían de las garantías de independencia e imparcialidad judicial. En este estado se cerraron las investigaciones bajo el resguardo del non bis in idem. Por primera vez, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador aplicó la categoría de la cosa juzgada fraudulenta en el caso «González y otros» en 2013, declaró la responsabilidad de los crímenes y diluyó el resguardo non bis in idem. Lo resuelto fue gracias a la aplicación del Control de Convencionalidad de sentencias internacionales, sin embargo, dicho método genera interpretaciones ambiguas para las aspiraciones de justicia de las víctimas y la seguridad de los investigados. Como respuesta la investigación promueve la incorporación de la cosa juzgada fraudulenta a la legislación interna, lo que permitirá el acceso a la justicia de las víctimas no solo en los crímenes relatados, sino también, la discusión se abre a la posibilidad de aplicar a los crímenes del poder

Necesidad de adecuar la ley penal y procesal penal militar a la constitución política del Estado a fin de evitar innecesarias contiendas de competencia entre el fuero común y el militar

Se enfoca en un tema de actualidad en el mundo del Derecho Penal Militar como es la Justicia Militar en el Perú, conocido como Fuero Militar, se puede advertir que la Ley Penal Militar Policial vigente, regulada por el D.Leg.No.1.094, no está todavía adecuada a la Constitución Política de 1993. Esta falta de adecuación se presenta en la forma y en el fondo, en la forma, la denominación dada a la Ley Penal Militar Policial, como: "Código Penal Militar Policial", no guarda concordancia con la denominación "Código de Justicia Militar", señalada en el Art. 173 de la C.P.P. de 1993, al agregarse los términos: "Código Penal y Policial”, a la indicada denominación, sin haberse fundamentado en la exposición de motivos de dicha Ley, las razones de dichos cambios y contravenir el Art. 51 de nuestra Carta Magna, que consagra la primacía de la Constitución, sobre normas de inferior jerarquía. En el fondo, el denominado Código Penal Militar Policial, considera como figuras delictivas, tres Delitos de Función Militar Policial, en los Arts 133, 134 y 135, tipificados como: Afectación del Material Destinado a la Defensa, Apropiación Ilegítima de Material Destinado al Servicio y Hurto de Material Destinado al Servicio, respectivos, que estuvieron tipificados en el Art. 142 del anterior Código de Justicia Militar Policial, D. Leg. No. 961 como: Afectación de los Bienes Destinados a la Defensa, Seguridad Nacional y Orden Interno, expulsado de nuestro ordenamiento jurídico, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional del 2006, recaída en el Expte. No.0012-2006-PI/TC, Demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima, contra determinadas normas del D.Leg.No. 961 del Código de Justicia Militar Policial. También señala como error de fondo, que la definición del delito de función, precisado en el Art. 2 del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial, no ha considerado todos los elementos que debe tener todo delito, donde sólo se considera la conducta, obviando considerar los demás elementos como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad en la figura genérica y rectora del delito de función militar policial. Se plantea para corregir el error de forma, se presente al Congreso de la República una Ley de Reforma Constitucional, conforme al Art. 206 de la C.P.P.de 1993, a fin de que se agregue el térrnino: "Policial", al término: "Código de Justicia Militar" quedando como: "Código de Justicia Militar Policial". Para corregir el error de fondo, se plantea que el Congreso de la República apruebe un nuevo "Código de Justicia Militar Policial", que derogue los Arts. 133, 134 y 135, del C.P.M.P. precitado y considere al definir del delito de función, la tipicidad, la culpabilidad, la antijuridicidad y la punibilidad.Tesi

Análisis del impacto de la gestión académica del programa de formación técnico profesional en servicio de policía: ajustes educativos para lograr una actividad de policía efectiva

162 páginasEste trabajo de investigación tiene el propósito de identificar las principales fallas en la actividad de policía, presentadas por el personal egresado del programa académico Técnico Profesional en Servicio de Policía de la Dirección Nacional de Escuelas. Un componente de la información utilizada para identificar las fallas del servicio y su posible articulación con los procesos formativos que recibieron las personas se vincula con la información oficial aportada por la Inspección General de la Policía Nacional y personal retirado de la institución que se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario policial del municipio de Facatativá Cundinamarca. La Policía Nacional dentro de su estructura orgánica de personal cuenta con personal uniformado directivo en los grados de Oficial, personal uniformado de supervisión y ejecución en los grados de Mando Ejecutivo y personal no uniformado administrativo. El personal uniformado ingresa a la institución a través de un proceso de incorporación, selección y posterior proceso de preparación en las diferentes escuelas de formación policial, recibiendo respectivamente un título académico reconocido por el Ministerio de Educación Nacional

Crimen organizado transnacional: retos de la política criminal en México frente al tráfico de drogas

[ES]Dentro del planteamiento teórico del presente trabajo se busca demostrar la ineficacia de la política criminal desarrollada por los países para combatir a la delincuencia organizada, con fines de tráfico de drogas. Para poder llegar a nuestro objetivo que es el análisis del crimen organizado transnacional en referencia a la política criminal en México del tráfico de drogas, se requiere de una sistematización adecuada, analítica y metodológica. Para ello hemos utilizado en la presente investigación el método comparativo, analítico, histórico, estadístico, científico y dialéctico y desde luego todo esto basado en la política criminal, tomando como referencia España y México. Para poder abordar el fenómeno de la delincuente organizada transnacional, la presente investigación inicia con el análisis jurídico de la globalización, tomando como fundamento estructural el gran desarrollo del neoliberalismo, que no es otra cosa que la economía sobre la política. Uno de los temas que más se han desarrollado a nivel internacional, y que fue una creación trascendente para la globalización, es la denominada sociedad de riesgo o sociología de riesgo; que se traduce en una síntesis sociológica de un periodo moderno, en el cual se fundamenta una reformulación y nuevas estrategias de dominación. Una vez analizado el tema de la globalización, demostramos que la delincuencia organizada trasnacional fue producto del gran desarrollo de éste. Se hace un análisis minucioso con datos estadísticos del tráfico de drogas en México. Resulta importante utilizar la política criminal sustentada en estadísticas para demostrar su eficiencia o ineficiencia en los programas de prevención del delito y de combate a la delincuencia. Temas como el Derecho penal simbólico, el Derecho penal de riesgo y el derecho penal del enemigo; son tratados desde un ámbito analítico y dogmático, para poder fundamentar una política criminal dentro de la estructura de la globalización, combatiendo el trafico internacional de drogas

Similitudes y diferencias entre las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en materia penal y las causales del recurso extra-ordinario de casación

Abogado (a)Pregrad

Estudio y análisis jurisprudencial del uso de las categorías: Agrupaciones ilícitas, crimen organizado y organizaciones terroristas en los tribunales especializados de sentencia en El Salvador, durante el año 2018

RESUMEN: Es importante determinar que debido a la extensión del tema en lo referente a su jurisprudencia, doctrina, conceptualizaciones y características de cada categoría en estudio (agrupaciones ilícitas, crimen organizado y organizaciones terroristas) cabe la idea de una interpretación errónea debido a la similitud de las categorías. Respecto a los criterios de interpretación en la emisión de las sentencias de los tribunales especializados estos se apegan a los criterios de un análisis de competencia para determinar la sustanciación de los hechos y que estos se configuren tipifica mente dentro de un marco normativo en específico es parte de la técnica para evitar vulneraciones desde un inicio, en lo que respecta a los derechos fundamentales de la partes los tribunales se apegan a los deberes y obligaciones que deben tener con todas las partes ya que emanan de la constitución, tratados, leyes y jurisprudencia como parámetros principales para que se cumplan. El estudio específico y jurisprudencial bajo cada modalidad en estudio y otros cometidos bajo ciertas modalidades que reúnen que se hace con el objetivo de aclarar de manera legal delitos específicos cometido características especiales para poder ser colocadas dentro del cometimiento que abraca cada categoría, con el fin de reforzar conocimientos en referencia al análisis jurisprudencial de sentencias emitidas por tribunales especializados en El Salvador durante el año 2018. ABSTRACT: It is important to determine that due to the extension of the subject in relation to its jurisprudence, doctrine, conceptualizations and characteristics of each category under study (Illegal Groups, Organized Crime and Terrorist Organizations) the idea of an erroneous interpretation is possible due to the similarity of the categories. Regarding the interpretation criteria in the issuance of the judgments of the Specialized Courts, these adhere to the criteria of a competence analysis to determine the substantiation of the facts and that these are typically configured within a specific regulatory framework is part of the technique to avoid violations from the beginning, with regard to the fundamental rights of the parties, the courts adhere to the duties and obligations that they must have with all the parties since they emanate from the constitution, treaties, laws and jurisprudence as main parameters to be met. The specific and jurisprudential study under each modality under study and others committed under certain modalities that meet that is done with the objective of legally clarifying specific crimes committed special characteristics in order to be placed within the commitment that each category encompasses, in order to reinforce knowledge in reference to the jurisprudential analysis of judgments issued by specialized courts in El Salvador during 201

El delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos en El Salvador 2004-2008. Aplicabilidad y eficacia

“Por Derecho Natural es equitativo que ninguno se haga más rico con detrimento de otro y con injuria”. Son las palabras de Pomponio extraídas del Libro Nono “Ex Variis Lectionibus” y que perfectamente pueden ser aplicadas a los servidores públicos para que en el ejercicio de sus funciones no se enriquezcan ilícitamente. El enriquecimiento ilícito es una de las prácticas de corrupción que han estado presentes en todos los estadios de la historia del hombre. Se ha designado de diferentes maneras la conducta de aumentar el patrimonio ilegalmente y los medios de los cuales se valen los servidores del Estado para alcanzar su propósito criminal, también han variado conforme la descentralización de la función pública y los nuevos avances en la comunicación y en las ciencias. Los objetivos generales son estudiar el delito de enriquecimiento ilícito según el ordenamiento jurídico salvadoreño desde las perspectivas constitucional y de las leyes secundarias vinculadas con el problema objeto de la investigación y examinar la figura del enriquecimiento ilícito para verificar su aplicabilidad y eficacia en el proceso penal. La metodología es Método Científico el cual se define ¨como un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y de observación empírica. El uso de este método se justifica en cuanto a que es un instrumento metodológico muy útil para llegar al conocimiento de la verdad. También se empleará el método analítico. El análisis es la descomposición de un todo en sus elementos; es observar sus características a través de una desintegración de las partes que integran su estructura; hallar los principios y relaciones, las dependencias que existen en un todo. Es necesario utilizar este método porque permite comprender la dimensión del problema objeto de estudio. Finalmente, se aplicará la síntesis. De acuerdo a Tamayo Tamayo se define como el “método que procede de lo simple a lo complejo, de las causas a los efectos, de la parte al todo”. Una de las conclusiones es que el enriquecimiento ilícito es un tipo penal ampliamente discutido en la doctrina por su aparente violación a los principios de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Aunque la pugna entre los autores del Derecho Penal es constante, la tendencia es a considerar el enriquecimiento ilícito como un tipo penal conforme a la Constitución, y que no violenta ninguno de los principios mencionados porque con esa presunción de enriquecimiento ilícito no se está considerando como culpable al servidor público sin ser debidamente juzgado de acuerdo a las reglas del debido proceso, tal y como lo señala el Art. 12 de la Constitución. El servidor público tiene la oportunidad de rendir la prueba que desvirtúe cualquier sospecha sobre el incremento patrimonial

El principio de justicia universal y su aplicación al delito de piratería. Crónica de una derogación anunciada

El Siglo XX ha presentado los más atroces casos de violencia que se registran en la historia de la humanidad. En los últimos cincuenta años han surgido más de 250 conflictos en el mundo; han muerto más de 86 millones de civiles, principalmente mujeres y niños; y a más de 170 millones de personas se les han violado sus derechos, y su dignidad, a pesar de los reglamentos, leyes, tratados y protocolos que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por primera vez la necesidad de un mecanismo permanente para enjuiciar los asesinos en masa y los criminales de guerra en 1948, después de los juicios de Nürnberg y de Tokio que siguieron a la II Guerra Mundial. El Tratado de Roma aprobado abrumadoramente por 120 países en la Conferencia de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, marca un trascendental hito en cuanto al reconocimiento de una jurisdicción mundial para juzgar crímenes que violan los Derechos Humanos. Las palabras pronunciadas por FERENCZ en la sala de justicia donde tuvieron lugar los célebres juicios de Nürnberg «Los acusados en el banquillo fueron los verdugos crueles cuyo terror escribió la página más negra de la historia humana. La muerte era su herramienta y la vida su juguete. Si estos hombres quedan impunes, entonces la ley ha perdido su significado y el hombre debe vivir con miedo» constituyen un recordatorio permanente de este principio irrenunciable. Y aunque estamos todavía lejos de poder afirmar que se hayan alcanzado niveles satisfactorios frente a las impunidades cometidas sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, lo cierto es que desde la aparición del llamado Derecho humanitario hasta su consagración en el Siglo XX como principio esencial del Derecho internacional que delimita la competencia de los Estados en el enjuiciamiento de los llamados crímenes internacionales, el principio de justicia universal ha sufrido un notable desarrollo normativo y doctrinal cuyo estudio y comprensión resulta esencial para entender la idiosincrasia de alguno de los procedimientos más relevantes enjuiciados en las últimas décadas y la respuesta jurídico punitiva dada. Los crímenes de Derecho Internacional (agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad) responden a tipos que cabe entender ya como consolidados en la actualidad, gracias al esfuerzo hecho para unificar criterios y así para proteger los intereses de la Comunidad Internacional y del individuo , en su papel de inculpado o víctima frente al ordenamiento jurídico internacional. Esta investigación nace con el propósito de dar una visión general del origen y evolución del principio de justicia universal tanto en el plano internacional como nacional y su aplicación al llamado delito de piratería..